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Trujillo en Línea.- Tras la liberación por mandato de comparecencia restringida por parte del Poder Judicial al médico que presuntamente abusó sexualmente de una niña de ocho años en la provincia de Pataz, la Defensoría del Pueblo ha advertido algunas deficiencias que pondrían en riesgo el proceso de investigación y la defensa de los derechos de la niña agraviada.
Por el testimonio de la madre de la víctima, la Defensoría del Pueblo está preocupada debido a que, posiblemente, el proceso de toma de muestras y traslado de las evidencias no se realizaron según la cadena de custodia, establecido en el Código Procesal Penal y la reglamentación respectiva, por lo que éstas fueron devueltas por el Instituto de Medicina Legal de Trujillo.
Además, no se ha cumplido con el Anexo 5 de la Guía Técnica para la Atención Integral de las personas afectadas por la violencia basada en género del MINSA, en concordancia con el Protocolo de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar del MIMP, puesto que el evaluador, en este caso el médico, debió asistirse de un personal de salud, de preferencia de sexo femenino, y la víctima debió de estar acompañada por un familiar, tutor o persona de confianza, pero en este caso el médico solicitó a la madre de la niña que saliera del consultorio.
Otra omisión es que no se solicitó la testimonial de la enfermera, quien, de acuerdo a la versión de la madre de la agraviada, fue la primera persona a la que se le informó de la agresión, es así como ella alerta; sin embargo, su testimonio no ha sido considerado en la investigación.
La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la cadena de omisiones de todos los intervinientes, que puede generar una situación de impunidad, desconociendo lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño respecto a una investigación debida en estos casos y el acceso efectivo de la niñez y adolescencia a la justicia.NP)
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