
Trujillo en Línea.- Durante el 2021, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aprobó nueve estudios tarifarios cuyo fin es mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, a través de inversiones que ascienden a S/ 2 859.3 millones que beneficiarán a más de 14 millones de personas.
De los 9 estudios tarifarios aprobados el año pasado, 8 (Sedapar en Arequipa, EPS Moyobamba en San Martín, Emusap en Amazonas, EPS Grau en Piura, Sedalib en La Libertad, Sedapal en Lima y Callao, Emsapa Yauli La Oroya en Junín, Seda Ayacucho, en Ayacucho) corresponden al establecimiento de las inversiones, metas de gestión y estructura tarifaria a aplicar en el periodo 2021-2025.
Durante los próximos cinco años se invertirá en el cierre de brechas en agua y saneamiento, es decir se buscará reducir el número de familias que aún no tienen acceso a este servicio. Las inversiones previstas permitirán la ejecución de proyectos de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, la instalación y renovación de medidores, gestión de riesgos de desastres y el cuidado y conservación de las fuentes de agua a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), entre otros.
El estudio tarifario restante corresponde a la tarifa incremental del servicio de agua y saneamiento por la incorporación de los costos de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de la EPS Empssapal de Sicuani (Cusco), para lo que resta del periodo regulatorio 2017-2022. El mantenimiento de la PTAR contribuirá a la conservación del medio ambiente y evitará la contaminación del río Vilcanota, preservando su ecosistema y las actividades alrededor de este. Además, ayudará a proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida.
PROTECCIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES
Es importante destacar que todas las tarifas de agua potable aprobadas el 2021 protegen a las familias más vulnerables, a través del subsidio cruzado focalizado (SCF), que establece que los usuarios domésticos en situación de pobreza o pobreza extrema paguen una tarifa menor, acorde a sus condiciones económicas.
Así, con estas ocho estructuras tarifarias aprobadas el año pasado, a la fecha suman 24 empresas, de las 50 que existen en el país, que aplican el SCF que favorece a aproximadamente 4 millones de personas.
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