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Trujillo en Línea.- Durante el segundo y último día de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAAI 2023 “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”, el contralor general, Nelson Shack, manifestó que sí es posible elegir a los mejores postores para los procesos de contratación pública, pero es “bien difícil” porque muchas veces las reglas de operación lo impiden.
“Tenemos un montón de empresas que sabemos que hacen malas obras, que terminan en arbitrajes y que no tienen las capacidades, pero no podemos eliminarlas del proceso. Entonces una reflexión: podemos contratar a los mejores postores pero hay que cambiar las reglas y a la gente que escoge a esos postores”, enfatizó.
Fue durante el panel: ¿Se puede elegir el mejor postor? Avances y retos de las contrataciones públicas en el Perú que contó con la participación del presidente de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, Víctor Villanueva; la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar.
Shack indicó que, en la práctica, ningún funcionario público desea formar parte de los comités de selección para contrataciones públicas y por eso se debe evaluar una modificación de los incentivos que tienen o cambiar la lógica de evaluación de los postores que se presentan en cada proceso, apelando a los adelantos de la tecnología.
“Antes era difícil evaluar objetivamente el desempeño de una determinada firma y ahora es perfectamente posible. En marzo del 2024 sacaremos los resultados del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023 y vamos a crear un subgrupo, que va a ser el Índice de Riesgos en Inversión, que va a analizar las inversiones públicas a través de la Inteligencia Artificial”, adelantó.
Agregó que, en la actualidad, no se evalúa mucho el desempeño de los mejores postores sino aquellos que cumplen todos los requisitos administrativos.
“Escoger al mejor postor implica que esa empresa va a ser buena y tiene que haber una capacidad institucional de coordinación y de respuesta pero eso normalmente nunca hay. Si una empresa hace mal su primer entregable, que es el expediente técnico, entonces todo lo que sigue va a estar mal y no hay manera de arreglarlo fácilmente”, subrayó.
En ese sentido, refirió que para elegir a los mejores postores para las contrataciones públicas se debe tener la voluntad de hacerlo, y eso incluye a la clase política para aprobar cambios normativos que sean necesarios.
Por su parte, el presidente de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, Víctor Villanueva, enfatizó que se necesitan cambios normativos e institucionales para propiciar que se elijan a los mejores postores en los procesos de contratación pública.
“Estamos en un momento oportuno porque precisamente se está revisando la normativa de contratación pública en la actualidad. Esperemos que estos proyectos no traigan novedades importantes pero sabemos que las normas no lo son todo”, mencionó.
Asimismo, consideró que se deben hacer muchos más esfuerzos para que el Estado elija a sus proveedores de manera adecuada y se potencien herramientas creadas para los procesos de contratación, tales como la Ficha Única del Proveedor, que permite, a todas las entidades del Estado, tener información diversa de las empresas que son contratadas como proveedores.
“Esperemos que en los próximos meses salgan a la luz las mediciones de desempeño de los proveedores, ya que es importante tener identificado al proveedor pero también lo que ha hecho en los contratos donde ha participado”, añadió.
Adicionalmente, sugirió intensificar los procesos de certificación de los funcionarios y servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación. “Hoy día tenemos aproximadamente 17 200 funcionarios y servidores logísticos certificados, son personas que tienen la experiencia y los conocimientos para laborar en áreas que se encargan de ejecutar el gasto. Ellos deben ser capacitados intensamente y medir su desempeño”, detalló.
También manifestó que el proceso de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, y otras similares, debe intensificar en el hecho de unificar los regímenes de contratación, así como en encontrar un punto medio entre facilitar estas operaciones y garantizar un nivel mínimo de competencia.
A su turno, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, manifestó que elegir al mejor postor en los procesos de contrataciones públicas es posible pero difícil cuando existen consorcios que se constituyen de madrugada y violentando normas. Señaló que debe retornarse a que dichos procesos tengan rigor técnico y que sean los especialistas, como los ingenieros, quienes intervengan en la selección de los postores.
Asimismo, solicitó al OSCE para que aplique medidas sancionadoras céleres a las empresas que incurren en irregularidades para que sean inhabilitadas. En ese sentido, señaló que la reforma de la Ley de Contrataciones debe ser priorizada y darle la importancia que tiene.
La ministra apuntó que el sector privado tiene un rol importante contra la corrupción y para reconstruir el sector construcción, afectado por casos como Lava Jato. Agregó que se debe poner énfasis en la prevención y en que las autoridades deben dejar de politizar las obras
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, elegir al mejor postor en el Perú depende actualmente del sistema de contrataciones vigente, la corrupción pública y privada y de que la autoridad que realiza la convocatoria, en lugar de elegir al mejor postor, quiera otorgar la buena pro a su amigo.
Anotó que en el 2018 se eliminó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por ser un sistema engorroso que pedía demasiada información técnica, pero que a partir de ahí empezó un problema más serio porque se presentan obras públicas con expedientes técnicos mal elaborados, que culminan en arbitrajes o adendas. Asimismo, opinó que en los procesos de selección se ha dado mucho peso al tema económico que al técnico.
Recomendó, entre varias propuestas, aplicar mayor rigurosidad en los procesos de contrataciones, evaluar a los postores que incluyan la verificación de su capacidad económica-financiera, mejorar el portal de Perú Compras que considera tiene algunos inconvenientes en su sistema, y generar un acuerdo nacional o encuentro mensual que involucre al sector público y privado, vinculando a la sociedad civil organizada para solucionar problemas.
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