Trujillo en Línea. – La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desestimó los argumentos de la parte querellada y ratificó la condena contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, a un año de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el delito de difamación agravada. Asimismo, el pago de reparación civil de S/5.000 a S/25.000, a favor de la agraviada Nátaly Rojas, quien es oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este monto deberá pagarse en los próximos 30 días.
La decisión del colegiado, integrado por las juezas Cecilia León, Ofelia Namoc y Liliana Rodríguez, fue por unanimidad. Ellos indicaron que se advirtió que el denunciado tuvo el ánimo de “ridiculizar” a la denunciante, la oficial Nataly Rojas, al referirse a su “aspecto íntimo”.
Además, indicaron que el denunciado no mostró un verdadero arrepentimiento, pues en ningún momento le pidió disculpas a la teniente de la PNP. Por ello, denegaron el pedido del alcalde para que se le reserve el fallo.
Para el Poder Judicial, el burgomaestre trujillano, al difundir sus expresiones difamatorias a través del Facebook del municipio de Moche, en agravio de Nátaly Rojas, constituye un agravante. Además, precisó que denotan discriminación a la mujer, con un lenguaje sexista en cuanto a género.
El caso que mereció la sentencia en contra del alcalde inició el 4 de mayo de 2021, cuando emitió ofensas en contra de la teniente Nataly Rojas.
“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la Policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene; por la teniente Rojas, que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado; así no se hace, señora Rojas, pónganse bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, dijo el alcalde.
Estas declaraciones las hizo porque el 30 de abril, agentes de la comisaría de Moche lo intervinieron debido a que no permitía que personal de Salud retire 11 frascos de vacuna Covid-19 que sobraron de una campaña de vacunación.
Por estos agravios, en agosto de 2022, el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo condenó.
Por su parte, tras la sentencia, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, culpó al Poder Judicial, así como a Alianza para el Progreso (APP), de la sentencia en su contra. Aunque eso no fue todo, ya que invocó a Dios para justificar sus actos. "De qué nos sorprendemos, porque el que nos va a juzgar es nuestro Dios que está en el cielo y nos mira", expresó la autoridad edil.
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