¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo del Perú?

(Por: Yvana Novoa, Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP)  A pesar del crecimiento económico que viene experimentando en los últimos años, nuestro país aún tiene camino por recorrer para ser considerado como totalmente desarrollado. Los niveles de pobreza, la bajísima calidad de la educación que se brinda en el país y los elevados índices de corrupción son reflejo de ese largo camino por recorrer y, a la vez, constituyen tres elementos indesligables.

El desarrollo, según Amartya Sen, puede ser entendido como la expansión de libertades individuales o de capacidades humanas. Esta concepción parte de la premisa que el incremento de las rentas personales no es el único medio para expandir las libertades en una sociedad pues existen también otros factores como los derechos humanos o el papel de las instituciones sociales y económicas. Bajo esta mirada, es necesario fomentar las capacidades humanas esenciales como, por ejemplo, tener acceso a recursos adecuados para lograr un nivel de vida decorosa y participar en la vida en comunidad.[1] Los bienes son solo herramientas para poner en marcha aquellas actividades que lleven a una vida digna. Pobres serán, entonces, aquellas personas que no solo tengan escasos recursos económicos sino, sobre todo, quienes tienen menos opciones entre las cuales elegir con libertad.

Así pues, uno de los requisitos para hablar de desarrollo como expansión de libertades es la estabilidad del sistema democrático y, en este orden de ideas, la corrupción es un indicador que mide dicha estabilidad. Y es que en un sistema democrático donde los índices de corrupción son altos, esta situación se ve reflejada en la perpetuidad de las desigualdades sociales existentes y en la vulneración de diversos derechos a causa de conductas que pueden calificar como delitos contra la administración pública, además de los efectos negativos que genera en las economías nacionales. Para afirmar entonces que estamos ante una democracia genuina, los derechos humanos deben estar garantizados. No obstante, la presencia de corrupción endémica es un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos, sobre todo por parte de los más pobres.

Al respecto, Sen considera que “con todo lo valiosa que es la democracia como principal fuente de oportunidades sociales, también es necesario analizar las formas y los medios para que funcione bien, para realizar su potencial. El logro de la justicia social depende no solo de las formas institucionales sino también de que éstas se pongan verdaderamente en práctica”.[2] En otras palabras, para afirmar que, por ejemplo, en Perú rige una verdadera democracia, no basta con que se lleven a cabo procesos electorales, sino que también resulta necesario que el Estado garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de cara a la satisfacción de, al menos, sus necesidades más básicas.

Por otro lado, “la gobernabilidad genuinamente democrática requiere una participación amplia y sustantiva, así como la rendición de cuentas por parte de quienes ostentan poder”[3]. La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades y, de igual forma, es un derecho de la ciudadanía. Todos y todas gozamos del derecho de acceder a información pública como herramienta para controlar la legalidad y licitud de las acciones y decisiones de nuestras autoridades, en tanto el Estado se encuentra a nuestro servicio. A pesar de esto, los sectores que viven en marcos de pobreza no solo padecen por la escasez de recursos económicos, sino también por el desconocimiento de sus derechos gracias a la baja calidad de la educación provista por el Estado. Esta situación es un claro ejemplo de ausencia de opciones entre las cuales elegir. Es decir, de falta de desarrollo como expansión de capacidades. Sin educación que brinde el conocimiento de nuestros derechos y de las obligaciones del Estado hacia nosotros, no podremos reclamar cuando desde el Estado se cometa un acto de corrupción que termine afectando la calidad de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía.

Cuando la calidad o, incluso, el acceso a los servicios públicos se ve afectado, los sectores pobres son quienes sufren de manera más intensa. Peor aún, cuando este último se vuelve un objeto transable -por medio de sobornos o extorsiones-, es lógico afirmar que solo aquellas personas que cuenten con recursos económicos podrán satisfacer sus necesidades básicas con esos servicios. Los sectores que viven en pobreza no contarán con los fondos suficientes para acceder, de modo ilegal, a dichos servicios básicos.

Todo esto nos lleva a reafirmar que la corrupción es un obstáculo en el camino al desarrollo de un país. Por ende, medir los niveles de corrupción funciona como herramienta para medir qué tan cerca o lejos estamos del desarrollo. Entonces, ante el develamiento de un sinnúmero de casos de corrupción en el último año -además de los casos de corrupción ocurridos en gobiernos anteriores que aún siguen siendo procesados o se encuentran aún en la impunidad-, la respuesta a la interrogante ¿qué tan cerca está Perú del desarrollo? parece ser obvia: nuestro país aún está lejos.