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Trujillo en Línea (Por: Gerardo Távara Castillo) Dos de las decisiones más discutibles adoptadas por el Congreso de la República en las últimas semanas se refieren a la incorporación de “invitados” en las listas de candidatos y la no obligación de los partidos políticos de competir en las Elecciones Generales.
En el primer caso, el Congreso –por iniciativa de la Comisión de Constitución- acordó que los partidos políticos pueden designar, de forma directa, hasta 25% de sus candidatos al Congreso; es decir, personas que no pasarán por elecciones internas sino que serán “invitados” por los dirigentes nacionales.
La ley vigente permite hasta 20% de invitados, el Congreso ha decidido elevarlo a 25% bajo el argumento de que así será posible incorporar personalidades de prestigio e idoneidad.
Esta decisión va en contra de la democracia interna, pues se quita a los militantes y dirigentes regionales de los partidos la posibilidad de elegir a los candidatos que los representarán y se aumenta la capacidad de decisión de las cúpulas partidarias.
Una revisión rápida de los Congresistas, que en los últimos cuatro años han sido suspendidos por cometer faltas éticas, evidencia que casi un tercio de ellos fueron “invitados” en las listas electorales el año 2011.
Entre los invitados sancionados por faltas éticas se encuentran, por ejemplo, los congresistas ancashinos Heriberto Benitez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo, para quienes además se ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria pues el Ministerio Público considera que estarían vinculados con los delitos que habría cometido el expresidente regional César Álvarez.
Otro invitado sancionado es el nacionalista Walter Acha Romaní, quien habría cometido abusos sexuales en contra de una de sus trabajadoras. Los son también Modesto Julca Jara (Perú Posible), José León Rivera (Solidaridad Nacional) y Teófilo Gamarra Saldivar (Partido Nacionalista) cuestionados por diversas faltas a la ética parlamentaria.
No es verdad que los partidos utilicen siempre el cupo de invitados para escoger mejor a sus candidatos. No son raros los casos en que el porcentaje de invitados es cubierto por caudillos locales, gente del entorno de los dirigentes nacionales o personajes con dinero suficiente para pagar la campaña suya y la de otros. ¿Se compran cupos en las listas al Congreso de la República?
PARTIDOS QUE NO POSTULAN
Con relación a la participación o no de los partidos políticos en comicios generales, el Congreso de la República –también por iniciativa de la Comisión que preside el parlamentario Freddy Otárola Peñaranda- votó a favor de que los partidos puedan dejar de competir en una elección nacional sin perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas; la inscripción se perdería solo si dejan de competir en dos elecciones sucesivas.
Actualmente, hay 21 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Varios de ellos sin actividad, no tienen comités provinciales ni militancia, no tienen representación en el Congreso y se prestan como “vientres de alquiler” para candidatos sin partido político.
Con la ley vigente, para que estos partidos “fantasma” mantengan su inscripción tienen que competir por lo menos al Congreso y obtener 5% de votos, de lo contrario desaparecen; por eso buscan formar alguna alianza o “prestarle” el partido a algún aspirante que pueda generar adhesiones y obtener la votación mínima exigida por la ley, sin importar las propuestas programáticas y menos las ideológicas.
Si el Presidente de la República promulga esta “ley” (*) , los partidos “fantasma” o “vientres de alquiler” tendrán la facilidad de no participar en las elecciones del 2016 y mantendrán su inscripción.
No podemos considerar partidos políticos de verdad a aquellos que no tienen dinamismo, carecen de comités y militantes activos fuera de Lima; tampoco a aquellos que son solo una marca, un símbolo o una franquicia; que no representan a sectores significativos del Perú y sus regiones y no se atreven a participar en las elecciones porque saben que no obtendrán ni siquiera 5% de votos.
El Presidente Ollanta Humala debería observar esta “ley” y devolverla al Congreso de la República para que haga un mejor análisis y tome las decisiones que la democracia peruana necesita. Así lo han pedido los organismos electorales con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Transparencia y otras entidades.
(*) Mientras no la promulgue no es ley.
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